Si mal no recuerdo, y esto me lo enseñaron en clase de economía, la definición de un “cártel” era la de “un grupo de empresas que se ponían de acuerdo para controlar la producción y los precios de algún producto o servicio” (esta definición es mía).
Un ejemplo podría ser el de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) los cuales se organizaron en la década de los setentas para limitar la producción de petróleo y así controlar los precios.
Por supuesto que este tipo de acciones son consideradas ilegales en muchos países ya que en realidad es un acuerdo de varios grupos para monopolizar algo. Romper la competencia y aprovechar al mercado cautivo para repartir, de manera más o menos pareja, las utilidades.
El término de “cárteles de la droga” surgió para describir los acuerdos que muchas de estas organizaciones criminales, encargadas de trasladar droga, hacían para así limitar territorios, áreas de influencia y realizar una defensa común. Un acuerdo mediante el cual las organizaciones delictivas podrían trabajar sin preocuparse por la competencia.
Por supuesto que en un ambiente donde la ley normalmente es la de “el más fuerte” este tipo de acuerdos tienden a cambiar y a olvidarse según las circunstancias del momento: el embate de las autoridades, los movimientos al interior de las organizaciones o el surgimiento de nuevos liderazgos.
De la misma forma, por su misma naturaleza estos cárteles tienden a cambiar, reformarse o desaparecer debido a las características de su propia operación.
Sin embargo, el término para definirlas -la palabra “cártel”- ha quedado imbuida en el argot tanto de las propias organizaciones como del periodismo especializado y de la “gente de la calle”. Ha dejado de significar “un conjunto de organizaciones que definen un mercado” para transformarse, de manera simple y llana, en “una organización criminal”.
La discusión hoy en la Ciudad de México, a la sombra de los recientes hechos en Tlahuac, es sobre la naturaleza de la organización criminal que fue decapitada. La definición del grupo dirigido por Felipe de Jesús Pérez Luna -“El Ojos”- se ha transformado en un debate político.
Los medios de comunicación aseguran que el grupo es un “cártel de la droga” mientras que el gobierno local lo tilda de “grupo de narcomenudistas”.
Como casi todos los negocios de suministro de algún producto, el narcotráfico también debe de llevar un proceso: el traslado del producto desde su sitio de origen al de destino, la distribución a los minoristas y la recolección de los pagos.
La definición de los “cárteles del narcotráfico” tenían la misión de trasladar las drogas desde sus sitios de producción hasta los de consumo y -al menos en teoría- entregarlos a los distribuidores locales quienes utilizan una red de “narcomenudeo” para su comercio final.
Por supuesto que estas definiciones no son estrictas y quedaron eliminadas en la práctica en el momento en que los propios traficantes comenzaron a recibir droga como pago para su propia distribución.
Los narcotraficantes comenzaron a realizar actividades de narcomenudeo.
Lo que hay que definir entonces es si el dichoso “Cártel de Tlahuac” es quien traslada la droga desde su lugar de producción a la ciudad o simplemente la adquieren de un traficante.
Pero más allá de definiciones y de determinar quién tiene la razón sobre traficantes y menudistas, lo que queda claro es que, al igual de como ocurre en el resto del país, en la Ciudad de México la distribución de drogas al consumidor final sigue siendo un gran negocio el cual tiende a ser controlado por una sola organización.
Llámese monopolio, cártel o hermandad, el grupo que realiza esta actividad es un verdadero problema de seguridad debido a su naturaleza y su operación.
Antes de preocuparse por colgar etiquetas y definir actividades, el gobierno local debe de enfrentar la realidad: la Ciudad de México es un gran mercado para las drogas y los que las distribuyen están dispuestos a todo con tal de mantenerse en el negocio.
¿Cómo combatirlos?