Luego de la desaparición y asesinato de la joven Mara Fernanda Castilla en un hecho que conmovió a todo el país, el gobierno estatal de Puebla ha tomado la decisión de revocar el permiso de la empresa Cabify.
Esta firma, que es muy similar a Uber, lo que hace en última instancia es acercar automóviles (y a sus conductores) a personas que requieren trasladarse a un lugar determinado.
Por supuesto que es obligación de Cabify verificar que sus choferes sean personas honorables y que no representen un riesgo para sus clientes y, por supuesto, para su propia reputación.
Para lograr este estándar de calidad respecto a sus choferes Cabify (como una gran mayoría de empresas en el país) exige que estos demuestren ser personas confiables mediante un documento llamado “constancia de antecedentes no penales”.
Es el propio gobierno, o el ramo judicial de éste, quien emite dichos certificados mediante los cuales una persona puede demostrar que no es un criminal.
Resulta que el indiciado, un individuo que hasta el momento han identificado como Ricardo Alexis “N”, si tenía antecedentes penales (era huachicolero, la fichita) pero presentó en Cabify uno de estos certificados: el gobierno del estado de Puebla lo certificó como alguien que nunca había tenido problemas con la justicia.
Resulta que ahora este individuo es acusado de feminicidio, secuestro y robo; sin embargo el daño colateral de sus crímenes recae en Cabify cuyo único error fue el de confiar en un documento emitido por la instancia que ahora lo castiga.
¿Existe alguna lógica en todo esto?