Uno de los últimos escándalos causados por un “leak” (alguien que “filtra” información confidencial) fueron los Panama Papers, la lista de los clientes de una famosa firma financiera en aquel país especializada en manejar los dineros en dicho paraíso fiscal.
Luego de varias semanas de que aparecieron los datos informa el SAT que gracias a la filtración ya ha podido recuperar más de 300 millones de pesos.
Afirma el Servicio de Administración Tributaria que esto fue fruto luego de hacer auditoría a 16 sujetos (¡¡¿¿??!!) que tuvieron que rehacer sus declaraciones.
Al parecer, afirman, hay 311 individuos (mexicanos) en los Panama Papers, 211 de ellos están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes de los cuales aún no aparecen 100.
El titular, Aristóteles Sandoval, aseveró que las personas que habían omitido pagos ya los están realizando y que existen unas 16 auditorías que podrían quedar resueltas en un par de años.
Lo interesante de este tema es la utilización por parte de una instancia gubernamental de esta información. Desde que comenzó este fenómeno de los “leaks” han sido muchos los gobiernos quienes han criticado la liberación de datos confidenciales por parte de estos ciber-activistas, sin embargo sorprende que, en este caso en particular, sea el propio gobierno quien aprovecha la información filtrada para usarla en su favor.