Desafortunadamente esta no es una noticia nueva: los habitantes de una población que descubren a uno o varios criminales -o que creen que son criminales- y, en vez de recurrir a las autoridades, hacen justicia por propia mano con resultados mortales.
Ya ha pasado antes, desde el caso Tláhuac a finales del sexenio pasado, los hermanos asesinados en Ajalpan, hasta el último caso apenas hace unas horas en Teotihuacán donde los habitantes de la comunidad de Atlatongo lincharon a tres personas (dos de ellas murieron).
No es difícil caer en la tentación de justificar algunos casos: La gente, desesperada por el crimen y la impunidad, se ve obligada a hacer justicia de propia mano; es culpa de la autoridad corrupta.
Sin embargo un hecho de este tipo -y sus constantes repeticiones- es una muy preocupante muestra de la descomposición social que se está viviendo en algunos puntos de nuestra geografía.
No sólo el reinado del crimen y la impunidad, sino, aún peor, la falta de confianza que se le tiene a las autoridades instituidas.
Los habitantes de Teotihuacán no sólo evitaron presentar a los sospechosos ante las autoridades, sino que también impidieron de manera violenta el acceso de la policía mientras ellos “repartían” justicia.
Cuando el ciudadano (por miedo o desesperación) decide hacer esto es momento de repensar muchas cosas; la justicia de mano propia es un auténtico regreso a épocas más primitivas en que la ley se diluía al calor del ímpetu popular. De cuando la justicia era repartida según el sentir de las masas.
Y eso es muy malo.
Basta recordar el caso de Tláhuac en el que unos investigadores acusados de ser plagiarios o el de los encuestadores que murieron en Ajalpan, Puebla, porque también se les confundió con secuestradores.
Esos son los riesgos de la “justicia por mano propia”. Ese es el resultado de la falta de confianza en las autoridades: violencia y muerte.
¿Hasta cuándo?