Llegó la fecha, 19 de junio de 2017: hoy entra en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Fecha que debería de ser de júbilo para un país como el nuestro, donde la corrupción es uno de los más grandes males que aquejan tanto la administración pública como al sector privado.
Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo y las buenas intenciones, el sistema nace acéfalo y con cierto abandono por parte de legisladores, partidos políticos y gobiernos locales.
Para empezar, el Senado de la república no cumplió en nombrar a un fiscal anticorrupción, lo que sería la cabeza de esta nueva institución, así como los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), quienes estarían encargados de investigar y sancionar los delitos.
Ninguna de las 32 entidades del país cumplió con la armonización de sus constituciones y leyes locales; tenían como plazo para hacerlo hasta el día de ayer.
El SNA podrá aplicar sanciones administrativas (amonestaciones públicas, multas, despidos, suspensiones e inhabilitaciones), pero no castigos penales; sólo el estado de Querétaro cumplió cabalmente con todos los requerimientos, mientras que ni la Federación, ni el resto de las 31 entidades, tienen completas las autoridades que darán la lucha contra la corrupción.
Es muy difícil romper la inercia de la corrupción en un país como el nuestro; el inicio de actividades de SNA puede parecer anticlimático ya que carece de “dientes” e, incluso, de cabeza. Sin embargo, algunos lo están viendo como un primer paso en la dirección correcta.
¿Veremos próximamente un verdadero esfuerzo por parte de autoridades, partidos políticos y legisladores para que este organismo -y las leyes que pretende aplicar- quede completamente integrado?
Es un momento en el que pueden pasar a la historia como los precursores de un México más transparente e íntegro o, por lo contrario, como los que evitaron un verdadero cambio.
Al tiempo.